Reviven la corrupción de “Alito” en Campeche
CAMPECHE, Campeche, 29 de julio de 2025. – La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción presentó el 23 de julio una solicitud formal ante la Cámara de Diputados para retirar el fuero a Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, senador y presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.
Medios locales reportaron que el político enfrenta acusaciones de peculado y uso indebido de atribuciones por el presunto desvío de 83.5 millones de pesos, durante su gestión como gobernador del estado, entre 2015 y 2019.
La solicitud es respaldada por 4 carpetas de investigación e involucra a 17 personas; dos de ellos colaboran con la Fiscalía bajo criterios de oportunidad (testigos protegidos).
Uno de los casos más graves involucra a la Secretaría de Seguridad Pública de Campeche, donde 2 empleados domésticos de un amigo del entonces titular, Jorge “N”, actuaron como prestanombres para facturar servicios inexistentes por 27.2 millones de pesos. Los implicados admitieron haber recibido solo 4 mil pesos a cambio de prestar sus documentos.
Los recursos provenían del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública que Moreno firmó como gobernador, comprometiéndose a su uso transparente. Jorge “N” y otros dos exfuncionarios ya fueron detenidos y vinculados a proceso.
Otra investigación revela que la empresa Karybek, dedicada al buceo en Cancún, recibió 23.8 millones de pesos en contratos de asesoría fiscal y jurídica de la Administradora Portuaria Integral de Campeche (Apicam), sin prestar esos servicios y el vínculo con Moreno es directo, pues en 2016 presidía la Junta de Gobierno y 5 personas, incluido el extitular del organismo, enfrentan cargos.
La Fiscalía también investiga pagos por 14.1 millones de pesos a la televisora local Mayavisión, propiedad del empresario Miguel Ángel “N”, cercano a Moreno, que carecen de respaldo documental. Se presume que los fondos fueron una forma encubierta de comprar el medio.
Un proyecto emblemático de Moreno fue la Plaza Colosio, mercado de artesanías financiado con 18.2 millones de pesos de recursos estatales, federales y del Fideicomiso del 2% sobre nóminas, pero el terreno fue comprado a Miguel Ángel “N” —el mismo dueño de Mayavisión—, y los locales se rentaron a particulares, incumpliendo su fin social.
Seis personas, incluido el exsecretario de Desarrollo Económico, están vinculadas a proceso.
