Ponen fin a litigio de suelos: vendieron 28 hectáreas sin acreditar propiedad en el norte de Guaymas
Guaymas, Sonora.- Un tribunal federal confirmó sobreseído el juicio de amparo 341/2019, donde se pedía reconocer una propiedad superior a los 280 mil metros cuadrados en el norte de Guaymas, en la zona conocida como Roca Fuerte, la mayor parte de ellas vendidas en los últimos 15 años sin acreditar documentación legal para ello.
Con fecha 12 de agosto de 2020, se resolvió el ordenamiento de suspender el proceso judicial por falta de pruebas, según se observa en el indicador del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de sonora.
Dicho proceso fue promovido por el ingeniero industrial y político local José Ordaz Aguiar, quien exigía reconocérsele propiedad de 122 mil 946 metros con 40 centímetros, de suelo ubicado en el norte de Guaymas, del predio Roca Fuerte, donde ya hay desarrollos habitacionales y una franja de vocación industrial y comercial, entre la carretera federal 15 y el cerro de Bacochibampo.
La demanda de amparo solicitada por Ordaz Aguiar era parte de una defensa contra aquella interpuesta por la inmobiliaria Granja Monarca y el notario público Miguel Arnulfo Salas Mariscal, contra actos de la oficina de Control Urbano del Ayuntamiento de Guaymas, por autorizar la subdivisión de esa superficie para proceder a su venta por parte de Ordaz, quien no pudo acreditar “interés jurídico”, lo que significa, no confirmar propiedad que argumentaba haber obtenido tras adjudicación mediante un juicio laboral.
Eso es lo que informó el Tribunal Colegiado al concluir el análisis del proceso sobre el total de poco más de 28 hectáreas de Roca Fuerte, gran parte de las cuales hoy están en manos de particulares a través de contratos de promesa de venta y hasta de invasiones, como una de ellas en una superficie de 4 hectáreas.
El abogado de la causa de inmobiliaria Granja Monarca, confirmó el proceso sobreseído para su defendida y espera la notificación correspondiente de lo ya expuesto en estrados, para determinar los siguientes procedimientos, pues afirma, hubo una gran afectación patrimonial que obliga a exigir restitución de daños y hasta pena corporal para los responsables de, resume, “vender lo que no era de su propiedad”.
La venta de esos suelos según cuentas municipales, catastrales y de Notarías, supera los 50 millones de pesos. Un problema actual es que los actuales posesionarios enfrentarían problemas por no contar con documentación legal de sus predios donde ya existen existen numerosas construcciones.
La querella que resultaría de Granja Monarca y quienes se le sumen, contempla delitos a partir de falsificación de documentos y procedimientos civiles por daños y perjuicios.
