Michoacán impulsa reforma para proteger a víctimas y testigos de delitos
MORELIA, Michoacán.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, presentó una iniciativa de reforma procesal penal para fortalecer la protección de víctimas, denunciantes y testigos que participan en investigaciones y procesos judiciales.
La propuesta será enviada a la presidenta Claudia Sheinbaum y al Congreso de Michoacán, con el objetivo de impulsar modificaciones legales a nivel federal.
Ramírez Bedolla señaló que nueve de cada 10 delitos no son denunciados, situación que atribuyó principalmente a la desconfianza y al temor de los ciudadanos hacia las autoridades.
Ante este panorama, la iniciativa busca establecer condiciones de seguridad para las personas que proporcionan información durante una investigación, así como para sus familiares.
El proyecto contempla la creación de protocolos y herramientas tecnológicas para proteger la identidad, imagen, voz y otros elementos que permitan identificar a víctimas y testigos.
También propone fortalecer la actuación de policías y fiscalías desde el momento en que se detecte una situación de riesgo, con la finalidad de prevenir agresiones o represalias contra las personas involucradas en un proceso penal.
La iniciativa retoma un planteamiento presentado por Ramírez Bedolla en diciembre pasado ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.
De acuerdo con el gobernador, la propuesta cuenta con el respaldo del Poder Ejecutivo estatal, el Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán.
Entre los cambios planteados se encuentran modificaciones al artículo 220 del Código Nacional de Procedimientos Penales y al artículo 14 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
También se proponen reformas a las leyes generales relacionadas con desaparición, secuestro y extorsión, además de incorporar el artículo 30 Bis a la legislación contra este último delito.
El proyecto busca establecer mayores mecanismos jurídicos y tecnológicos para proteger a quienes proporcionan información a las autoridades y reducir los riesgos derivados de su participación en investigaciones y procesos penales.
