Gobiernos locales pierden el rastro a casi 32 mil mdp, según Cuenta Pública 2020
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio a conocer la Cuenta Pública 2020, donde reveló que entidades locales deben aclarar un monto de 31 mil 788.9 millones de pesos por el gasto federalizado en dicho año, de un monto total de 39 mil 567.7 millones de pesos.
Según el reporte presentado ayer en la Cámara de Diputados, los gobiernos de los estados deberán aclarar recursos por 25 mil 692.7 millones de pesos; gobiernos municipales, 5 mil 874.2; poderes judiciales locales, 92.8, y Congresos locales, 129.2 millones de pesos.
Además, en las auditorías realizadas a las dependencias federales coordinadoras de los fondos y programas revisados, se observaron 5 mil 367.4 mdp al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) sobre el Acuerdo de Coordinación para Garantizar la Prestación Gratuita de Servicios de Salud, Medicamentos y demás Insumos Asociados para las Personas sin Seguridad Social.
David Colmenares, auditor superior, dio a conocer que en tres fases se llevaron a cabo un total de mil 616 auditorías, de las cuales 76.9% de refieren a gasto federalizado, 9.8% a desarrollo económico, 7.1% a desarrollo social y 6.3% a gobierno.
El gasto federalizado tiene una importancia significativa ya que representó, en 2020, el 32.6% del gasto neto total de la Federación. Asimismo, tiene un peso relevante en los ingresos totales de las entidades federativas y de los municipios.
Colmenares Páramo aseveró que las entidades mantienen una fuerte dependencia de los recursos que les llegan vía la Federación, lo que genera un manejo no cuidadoso del gasto.
Recordó que la mayoría de las entidades reciben alrededor de 90% de sus ingresos vía la Federación y en cuanto a los municipios esto significa 71 por ciento.
Ayer, Colmenares entregó el Informe General del Resultado de la Fiscalización de la cuenta Pública 2020 y la Tercera Entrega de informes individuales en lo que corresponde el segundo año de gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, que implican un monto general por solventar superior a los 39 mil millones de pesos y por el cual se incluyen 2 mil 444 recomendaciones, 204 solicitudes de aclaración y mil 483 promociones de responsabilidad administrativa-sancionatoria.
