Algunos “sacadólares” del “Pandora Papers”, son amigos de la 4T
GUAYMAS, Son., 3 de octubre de 2021.- Solo algunos nombres han surgido en la larga lista descubierta por “Pandora papers”, de políticos y empresarios mexicanos y sus familiares, que han sacado dinero del país y llevado a paraísos fiscales, dice la investigación revelada por “Pandora papers”.
Uno de ellos, Julio Scherer Ibarra, quien desde 2018 y hasta hace unas semanas fue consejero jurídico de la Presidencia de la República y uno de los hombres más cercanos al presidente López Obrador, es vinculado a una estructura offshore y a un departamento en Miami Beach. En marzo de 2011 recibió 50 mil acciones de una sociedad de papel de las Islas Vírgenes Británicas llamada 3202 Turn Ltd, que controlaba a empresa de Florida denominada 3202 Turn LLC, a su vez es propietaria de un condominio ubicado en la Collins Avenue de Miami, valuado actualmente en 1.5 millones de dólares.
Entre 2013 y 2016, Scherer apareció en las boletas de pago del predial del departamento según los registros fiscales del condado de Miami-Dade. En 2019 no mostró ningún nombre en las boletas y en 2020 el banco Morgan Stanley figuró como responsable del departamento, que no aparece en ninguna de las cuatro declaraciones patrimoniales públicas que presentó Scherer mientras fue funcionario.
El despacho Trident Trust, que administraba la sociedad de las Islas Vírgenes, dice que Scherer recibió las acciones de la compañía de Ilja Landsmanas Dymensztejn y su esposa Ivonne Yolanda Stern Wolf.
Pandora Papers descubre que hasta ese año los activos de la sociedad offshore ascendían a dos millones de dólares procedentes del trabajo de Scherer en la práctica legal.
La Cosmopolitana es la más conocida de sus compañías, integradas bajo el sello de Corporativo Kosmos, erigidos en años recientes en los mayores proveedores de alimento del gobierno; surten prisiones federales y estatales, hospitales públicos, Pemex y policías del país.
Armando Guadiana Tijerina, el empresario minero y desde 2018 senador por Morena, creó en marzo de 2007 The Hawaii Trust, un fideicomiso que resguarda 50 mil acciones de Atlantic Industries International Limited, empresa basada en las Islas Vírgenes Británicas, según registra el despacho panameño Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), a quienes designó como gestores de sus activos.
Al momento de registrar su offshore, Guadiana dijo que su ingreso anual rondaba los 600 mil dólares y que su patrimonio superaba los 28 millones dólares en empresas mineras, inversiones y propiedades.
En declaraciones patrimoniales ya como senador, esa fortuna ya no estaba. En 2020 y 2021 Guadiana dejó en blanco los campos donde tendría que detallar ingresos por actividad empresarial, o cualquier ingreso aparte de su salario como legislador. Anotó “ninguno”, donde debía reportar sus inversiones, cuentas, valores o activos, bienes inmuebles y fideicomisos.
Sobre lo declarado en su patrimonial contestó: “ahí hubo un error, los contadores me entendieron mal la pregunta en la declaración patrimonial, entendieron que si no tenía conflicto de interés”, dijo Guadiana, “Me atonté en el asunto de la Declaranet”.
El legislador explicó que Hawaii Trust fue creado para desarrollar un proyecto minero de carbón en Santander, Colombia, que no prosperó por las condiciones de inseguridad de la guerrilla.
Planeaba desarrollar el proyecto con socios inversionistas colombianos, pero no recuerda sus nombres “ellos querían cosas offshore” y por eso “se creó la entidad (Hawaii Trust) pero no se invirtió, no se aportaron bienes, yo creo que se extinguió”. Cuestionado sobre la empresa en las Islas Vírgenes, respondió: “Yo no sé, no tengo los datos exactos pero voy a checarlo con los contadores (…) No estoy seguro si está viva la mentada Atlantic”.
El actual secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal, también aparece. Sería dueño de Desbond Finance Limited con sede en las Islas Vírgenes Británicas, creada en 1998 con el propósito de proteger su patrimonio.
La compañía fue registrada en febrero de 1998, a un mes después de ingresara a la Secretaría de Obras y Servicios del gobierno de la Ciudad de México, como director general de la planta de asfalto. Hasta mayo de 2003, ya como director de Obras Públicas en el gobierno de López Obrador en la Ciudad de México, Arganis dispuso de un poder general sobre la empresa.
Julia Elena Abdala Lemus, pareja sentimental del titular de Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, es dueña de 10 mil acciones de una sociedad panameña de papel, carente de empleados u oficinas.
La empresa Roybell International Inc fue creada en 2011 con capital de 10 mil dólares por un despacho en Ginebra especializado en la gestión de grandes fortunas, que contrató los servicios de Alcogal, que es dirigida por tres ejecutivos nominales, pero quien realmente dirige es Abdala. También fue autorizada a abrir una cuenta en la sucursal de Lyford International Bank and Trust Ltd, en Las Bahamas.
Abdala se convirtió en accionista de la offshore cuando Barlett, su pareja de 20 años, despachaba como senador. En México, una investigación periodística de 2019 documentó que la familia Bartlett poseía una fortuna no declarada valuada en 800 millones de pesos en propiedades. La Secretaría de la Función Pública exoneró al titular de la CFE y cerró el caso.
PRIÍSTAS Y PANISTAS
Los despachos internacionales ayudan a montar empresas offshore en los paraísos fiscales y anotan si su cliente es una persona “políticamente expuesta”, por parentesco con algún funcionario o porque ocupa un cargo público.
Arturo Montiel Yañez registró un fideicomiso en Islas Vírgenes 6 días antes de que su padre, Arturo Montiel Rojas, terminara su mandato como gobernador del Estado de México en septiembre de 2005.
El primogénito del exgobernador celebró un contrato con Alcogal y Stanford Trust para ceder la gestión de 3.5 millones de dólares en beneficio de sus hijos Arturo y Santiago Montiel Ferreyra, según el documento firmado el 8 de septiembre de 2005 que dio origen al fideicomiso Art Saint Trust.
Los documentos no mencionan el origen de los fondos, pero la millonaria operación sucedió cuando el exgobernador y su familia estaban siendo investigados por malversación, enriquecimiento ilícito y desvío de fondos públicos, aunque la fiscalía estatal concluyó que no había elementos contra los Montiel.
Jesús Murillo Ortega es hijo del exgobernador priista de Hidalgo y exprocurador Jesús Murillo Karam. Con un millón de dólares, creó en 2014 junto con su esposa, la sociedad Sweet Land Ltd en Panamá para invertir en bienes raíces; declaró que los recursos eran “sus ahorros personales”.
La offshore fue registrada cuando Murillo Karam dirigía la Procuraduría General de la República. Durante esos años, empresas en México de los hijos y parientes de Murillo Karam ganaron más de 300 millones de dólares en contratos de obras asignadas.
Francisco Labastida Gómez de la Torre, hijo del ex gobernador de Sinaloa Francisco Labastida Ochoa, se convirtió en 2008 en director y accionista mayoritario de Fuentes Pyasa Corp, creada en Islas Vírgenes Británicas con el propósito de adquirir un yate, según los documentos de registro de la firma. Dos años después se nombraron nuevos accionistas y directivos: Leonor Labastida Vargas así como Andrés Conesa Labastida, director de Aeroméxico, y otros empresarios agrícolas sinaloenses.
Los hermanos Marcelo y Carlos de los Santos, hijos del ex gobernador panista de San Luis Potosí, Jesús Marcelo de los Santos Fraga, son dueños de 1,282 acciones en Global Securities Management Corp, creada en 2005 en las Islas Vírgenes Británicas. Sus accionistas son personalidades conocidas de la política colombiana, como la ministra de Transporte Ángela María Orozco, y el esposo y la hija de la vicepresidenta de Colombia, Martha Lucía Ramírez.
Otros socios son los hermanos y empresarios colombianos César y Gustavo Hernández Frieri, éste último capturado en Italia en 2018 y condenado en Estados Unidos por lavado de dinero y malversación de 600 millones de dólares de la petrolera estatal venezolana PDVSA.
Entre los familiares de políticos que aparecen en los Pandora Papers incluyen a la esposa del actual gobernador del Estado de México, Fernanda Castillo Cuevas, y a Paulina Díaz Ordaz, nieta del ex presidente Gustavo Díaz Ordaz y esposa del político del Partido Verde Jesús Sesma Suárez.
Juan Ignacio García Zalvidea, ex diputado federal y ex alcalde de Cancún por el Partido Verde, se convirtió en 2015 en accionista de tres empresas en las Islas Vírgenes Británicas, que en 2014 eran dueñas de cuatro embarcaciones. Las tres sociedades fueron creadas años atrás por su hermano Fernando García Zalvidea, empresario hotelero que tras su muerte, en noviembre de 2013, heredó parte de su fortuna a sus hermanos.
En 2005 Juan Ignacio García Zalvidea fue detenido bajo cargos de negligencia y peculado en perjuicio del ayuntamiento de Benito Juárez. El Congreso de Quintana Roo lo inhabilitó por 20 años por manejo indebido de fondos y recursos del estado durante su gestión como alcalde.
También aparecen el secretario de gobierno de Coahuila, el jefe de la oficina del gobernador Cuahtémoc Blanco, el hermano de un ex gobernador de Yucatán y el ex gobernador priista de Coahuila, Enrique Martínez y Martínez.
En 2016 la investigación de los Panama Papers descubrió finanzas secretas de 311 mexicanos, una cifra 10 veces menor que la documentada hoy en los Pandora Papers. Hace 5 años, la investigación cimbró al mundo, provocando la caída de primeros ministros y la creación de nuevas leyes en docenas de países.
En México, las autoridades hacendarias han fallado en vigilar obligaciones fiscales de beneficiarios del sistema offshore para sacar el dinero del país, que cada año pierde más de 9 mil millones de dólares en impuestos por el abuso de jurisdicciones offshore, según la organización europea Tax Justice Project.
En el papel, los contribuyentes mexicanos deben declarar los ingresos y utilidades obtenidas en los paraísos fiscales, pero el SAT no tiene un registro de las empresas, fideicomisos o fundaciones offshore en las que participan los mexicanos ni conoce el monto de sus ingresos o de los impuestos pagados.
El SAT apenas auditó en lo que va del año a 5 personas que hacen uso de los paraísos fiscales, de acuerdo con el área responsable de las auditorías.
La vigilancia de las entidades pantalla es importante por tratarse de empresas creadas para esconder el patrimonio real de sus clientes y porque, según reveló la investigación internacional de ICIJ, están a menudo asociadas con delitos de evasión y defraudación fiscal, lavado de dinero, corrupción corporativa y política.
